Pueblo Sin Fronteras is a transborder organization made up of human rights defenders of diverse nationalities and immigration statuses that promotes accompaniment, humanitarian assistance, leadership development, recognition of human rights, and coordination of know-your-rights training along migrant routes, as well as monitoring and raising awareness of human rights abuses against migrants and refugees in Mexico and the United States. Our accompaniment does not end at the border, it continues in the immigration detention centers of the United States and the communities in Mexico and the US.
To build solidarity bridges among peoples and turndown border walls imposed by greed.
• Llamado a escuchar las voces y atender las necesidades de las personas que están en el campamento El Chaparral para tomarlas en cuenta para cualquier decisión.
• Llamado al gobierno de México para garantizar el acceso a una condición regular de estancia temporal en México que respete el derecho de las personas a solicitar asilo en el país que consideren les garantice seguridad. Así como garantizar la integridad, seguridad y salud física, psicológica, sexual y emocional de las personas con necesidades de protección en Tijuana.
• Llamado al gobierno de Estados Unidos para informar con transparencia sobre el plan para establecer el respeto al derecho de solicitar asilo para todas las personas, no solamente quienes cuentan con un caso activo de asilo bajo el programa MPP.
Tijuana, Baja California, 16 de marzo de 2021
A partir del anuncio del gobierno de Joseph Biden que pone fin al Protocolo de Protección Migrante (MPP por sus siglas en inglés) e inicia la fase 1 para procesar el ingreso seguro y ordenado de quienes tienen un caso activo ante las cortes de migración y fueron forzados a permanecer en México bajo el MPP, las organizaciones y personas de Tijuana y San Diego abajo firmantes, hemos llevado a cabo un monitoreo de los acontecimientos en el puerto de entrada de la ciudad de Tijuana conocido como El Chaparral.
Desde el 18 de febrero de 2021 se instaló un campamento en el que a la fecha permanecen aproximadamente 1,500 personas, principalmente centroamericanas, haitianas y mexicanas, en su mayoría familias, entre ellas identificamos alrededor de 300 niñas y niños, 50 bebés entre 0 y 3 años y 10 mujeres embarazadas. La mayor parte llegó a Tijuana hace más de un año, de manera que ninguna persona en el campamento tiene un caso activo de MPP, por lo que no califican para esta fase 1.
El campamento ha puesto de manifiesto la desesperación de miles de familias que ante el cierre de las fronteras no han tenido la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos y se han quedado atrapadas en un limbo sin garantías jurídicas, situación que se agudiza por las graves omisiones del gobierno mexicano para las personas con necesidades de protección internacional. Hablamos de una crisis humanitaria que se vive en México como resultado de la complicidad de los gobiernos de México y Estados Unidos en la aplicación de medidas para disuadir a las personas que buscan asilo en Estados Unidos, contener las migraciones desde una perspectiva de seguridad, cada vez más militarizada, y orillar a las personas a mantenerse en la irregularidad.
La nula presencia y el déficit de información oficial por parte de autoridades y de agencias internacionales, ha propiciado que la gente llegue al campamento a explorar sus posibilidades, que hasta hoy son nulas. A ello se suma la dificultad para acceder a una condición de estancia segura, regular y digna en México que garantice el respeto a sus derechos humanos.
Una vez más hemos sido las organizaciones de sociedad civil quienes hemos hecho frente a la labor informativa y humanitaria, sin embargo, es evidente que en tanto las autoridades no hagan presencia en
el lugar, informen de manera directa y resuelvan las necesidades básicas y de acceso a derechos fundamentales no sólo de las personas instaladas en el campamento, sino a la comunidad migrante en Tijuana, esta situación no se resolverá y las personas seguirán expuestas a riesgos que atentan contra su integridad, salud física, psicológica, sexual y emocional. Esta situación no sólo pone en duda el discurso oficial que asegura que la situación se está manejando con un estricto respeto de los derechos humanos de las personas migrantes en México, sino que hace evidente la falta de sensibilidad del gobierno de México para con esta población abandonada a su suerte.
Estos son los principales hallazgos y motivos de preocupación, resultado del ejercicio de monitoreo y documentación llevado a cabo desde la instalación del campamento:
1. Falta de información adecuada y confiable. Además de una ausencia de medios idóneos para distribuir información oficial y actualizada en diferentes idiomas a todas las personas, tanto para quienes se encuentran bajo el programa MPP, como para quienes no tienen este perfil.
2. Ausencia de autoridades de todos los niveles con capacidad de decisión y gestión.
3. Falta de claridad sobre las posibilidades de solicitud de asilo en Estados Unidos para las personas con necesidades de protección que no tienen casos de MPP abiertos y no están seguras en
México.
4. Falta de acceso a una condición regular de estancia temporal en México. Incluso se ha
documentado la negativa sistemática de renovación de tarjetas de visitantes por razones humanitarias, en plena pandemia, orillando a miles de personas migrantes a una situación irregular y, por lo tanto, a condiciones de mayor vulnerabilidad.
5. Falta de condiciones básicas de seguridad, alojamiento digno, alimentación, higiene y salud para las personas en el campamento, lo que es especialmente preocupante por el contexto de pandemia. Además, la situación ha empeorado con las recientes lluvias.
6. Observamos la presencia de una unidad móvil de la Secretaría de Salud de Baja California, sin embargo, en algunos casos (por ejemplo, de enfermedad respiratoria de niñas y niños), sólo brinda una receta, pero no el medicamento aún cuando se sabe la situación precaria de las personas.
7. A más de 3 semanas las autoridades correspondientes no han instalado infraestructura móvil de higiene personal (baños, lavamanos, regaderas) lo cual aumenta el riesgo de infecciones por falta de higiene. Sólo existen negocios privados de baños cuyos precios se han elevado constantemente. De 7 a 15 pesos para el uso de sanitarios, de 50 hasta 100 pesos por el uso de regaderas.
8. Exposición a situaciones de riesgo que atentan contra la integridad física, sexual y emocional de las niñas, niños y adolescentes al permanecer en los alrededores del puerto de entrada. Tijuana es conocida como una de las ciudades con índices más altos de explotación sexual infantil. A pesar de que hay rondines y presencia de la Policía Municipal, ésta no es constante.
9. Presencia de personas con actitudes abiertamente xenofóbicas, racistas y discriminatorias en los alrededores del campamento, incluso fotografiando a niños, niñas y a las familias que ahí se encuentran, sin su consentimiento y fomentando actitudes de rechazo hacia las personas, condiciones que pueden provocar agresiones.
10. Presencia en rondines de la Guardia Nacional tomando fotografías e incluso volando un dron sobre el campamento, lo que evidencia el enfoque de su trabajo hacia la vigilancia y no la proteccción de las personas.
11. Presencia en rondines de la Policía Municipal tomando fotografías con dispositivos personales.
12. Presencia de cuerpos militares con el distintivo “PLAN DN-III-E” que sólo realiza tareas de
vigilancia y toma fotografías con dispositivos personales.
13. Falta de capacitación e información del personal del Instituto Nacional de Migración, en particular
de Grupo Beta, sobre la actual fase de procesamiento. Personas que se acercan a ellos para pedir
orientación, no reciben información adecuada.
14. Casos de agentes de Instituto Nacional de Migración, en particular de Grupo Beta, alentando a la
formación de listas de nombres de personas en el campamento, lo cual genera rumores, desinformación, confusión y desesperación entre las personas solicitantes de asilo, y además, pone en riesgo su integridad al provocar que se compartan los datos personales de personas en situación de riesgo y vulnerabilidad.
15. Casos de elementos de la seguridad privada contratada para vigilar la seguridad de las instalaciones gubernamentales de El Chaparral que brindan información falsa y/o confusa sobre la actual fase de procesamiento de personas solicitantes de asilo.
16. Alto riesgo de movilización de redes de tráfico de personas que se acercan a la zona a intentar convencer a las familias de cruzarles a Estados Unidos.
17. El Chaparral es actualmente un posible foco de infección de la Covid-19 por la concentración de personas que diariamente se encuentran en ese lugar, sin que exista algún órgano gubernamental o de las agencias internacionales para apoyar en el fomento de las acciones y prácticas preventivas para evitar los contagios.
Por lo anterior, exigimos a los gobiernos Estados Unidos y de México, incluyendo el gobierno estatal de Baja California y el gobierno municipal de Tijuana, considerando sus competencias correspondientes:
1. Que las voces, necesidades y solicitudes de las personas que están en el campamento sean escuchadas y tomadas en cuenta para cualquier decisión.
2. Garantizar el acceso a una condición regular de estancia temporal en México que respete el derecho de las personas a solicitar asilo en el país que consideren les garantice seguridad.
3. Presencia de las autoridades y agencias internacionales competentes responsables de los procesos de reingreso de las personas con casos abiertos de MPP para que informen (en varios idiomas) sobre los procedimientos vigentes hasta el momento en la frontera de México con Estados Unidos. Esto incluye, sin considerarse exclusivo, a:
o PersonaldelConsuladodeEstadosUnidosenTijuana o PersonaldeACNUR
o PersonaldeOIM
o PersonaldeUNICEF
o PersonaldelInstitutoNacionaldeMigración
4. Garantizar la integridad, seguridad y salud física, psicológica, sexual y emocional de las personas
en el campamento. Principalmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, esto incluye, sin considerarse exclusivo:
o Brindar sanitarios portátiles al campamento de El Chaparral y mantener su
limpieza.
o Brindaratenciónmédica,incluyendoelmedicamentorecetado.
o Brindaratenciónpsicológicademanerasegurayconprivacidad.
o Asignar presencia constante las 24 horas de elementos policiales para velar por
la seguridad de las personas instaladas en el campamento, primero asegurándose que los elementos asignados no tengan historial de extorsión o discriminación contra personas migrantes, problema muy común entre la Policía Municipal de Tijuana, y asegurándose que estén capacitados para brindar una atención con perspectiva de derechos humanos.
5. Gestionar el acceso a hospedaje seguro y de larga estancia, alimentación, educación y servicios de salud a las personas y familias que así lo requieran y manifiesten.
6. Transparencia por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el plan para establecer el respeto al derecho de solicitar asilo para todas las personas, no solamente quienes cuentan con un caso activo de asilo bajo el programa MPP. Específicamente, información oficial sobre el procedimiento para solicitar asilo en EEUU a:
o PersonasconcasoscerradosorechazadosdeasilobajoMPP
o Personasapuntadasenlalistailegaldeesperadeasilo(Metering)
o Personasquebuscansolicitarasilo,peronoestánnibajoMPPnienlalistailegal
de espera de asilo (Metering)
o Personas migrantes negras a quienes ha sido negado sistemáticamente el
derecho a solicitar asilo de muchas maneras.
ATENTAMENTE
Al Otro Lado
American Friends Service Committee - Latin American and the Caribbean Region and the US-Mexico Border Program
Espacio Migrante
Felix A. Banegas
[HBA] Haitian bridge Alliance
Immigrant Defenders Law Center
Innovation Law Lab
Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México-Tijuana
Pueblo Sin Fronteras
Datos de contacto:
Soraya Vázquez, Al Otro Lado
664 363 683 / sorayavazquez16@gmail.com
Gina Garibo, AFSC-LAC
222 120 9152 / MGaribo@afsc.org
